PAOLA IVETH GÁRATE VALENZUELA -MEXICO-
Políticas públicas para la igualdad de género en la administración pública: una necesidad colectiva
Mi interés por darle la importancia necesaria a la capacitación para toda la ciudadanía data de tiempo atrás, pero al percatarme dentro de mi carrera profesional en la administración pública y en cargos de elección popular de la falta de difusión de información del tema de perspectiva de género, y de una variedad de casos en detrimento de ciudadanas inmersas en el sector público considero debe atenderse de inmediato esta situación.
Aunque el contexto mundial actual nos exige atender otros problemas de la administración pública, enfocados específicamente al sector salud debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, no debemos permitir que el tema de perspectiva de género se termine ocultando, sea desplazado u olvidado, como se ha visto constantemente.
Siendo desde hace tiempo conocedora del tema y con experiencias personales que me apegan más al mismo, nace en mí, la necesidad de compartir con la ciudadanía la información de las políticas públicas con enfoque de perspectiva de género; porque solo así, pueden conocer sus derechos y obligaciones respecto del tema.
El avance de las mujeres en los asuntos públicos hace necesario tener claro la perspectiva de género, entendiendo la diferencia de géneros, entre la generación de desarrollo y analizar en cada sociedad y en cada circunstancia, las causas y los mecanismos institucionales y culturales que estructuran la desigualdad entre hombre y mujeres y tomar acciones para: la redistribución equitativa de las actividades entre los sexos (en los ámbitos público y privado), valoración justa de los distintos trabajos que realizan hombres y mujeres (trabajo doméstico, servicios, etcétera), modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad, y fortalecer el poder de gestión y decisión de las mujeres.
Como un reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad las políticas públicas son los objetivos de bienestar colectivo que nos permite comprender hacia dónde orientar el desarrollo y cómo hacerlo, lo anterior mediante la intervención pública, distribución de responsabilidades y recursos entre los actores sociales, el papel de estas políticas pública es materializar la acción del estado, el puente visible entre el gobierno y la sociedad, para lograr lo anterior requerimos el uso de las instituciones de la Administración Pública.
Definitivamente las relaciones que establecen hombres y mujeres en la vida cotidiana no son independientes del quehacer de las instituciones. La cotidianidad de género es vivida a través de estas y mediante conocimientos y prácticas ya convertidas en hábitos, que si nos redirigimos a la práctica social y política sabemos que las mujeres siguen sin contar con las mismas posibilidades de acceso a puestos, cargos, participación en la toma de decisiones, etc., pues de alguna manera siempre han sido cuestionadas sus capacidades en estas actividades derivando en una violencia institucional por razón de género, motivo por el cual si desconocemos lo anterior difícilmente podemos entender las repercusiones de sufrir este tipo de violencia.
Las mujeres no solamente se enfrentan al obstáculo que significa la participación en la vida política. Tienen dos grandes y principales dificultades: una de ellas son las barreras estructurales, que implican y son creadas por leyes e instituciones discriminatorias, siguen limitando de forma exponencial las opciones que tienen las mujeres para votar o presentarse a elecciones. Las brechas relativas a las capacidades -y esta es a mi parecer la más delicada- implican que las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres de contar con educación, además de lo que significa tener los contactos y los recursos necesarios para convertirse en líderes que se muestren eficaces y competitivos para las y los ciudadanos.
Algunas mujeres han conseguido superar estos obstáculos, y han sido muy elogiadas y por ello, a menudo influyendo positivamente en la sociedad en su conjunto. De hecho, como comunidad femenina deberíamos sembrar con más ímpetu la necesidad de reconocerlas públicamente por las luchas vencidas y el mensaje de superación que con ello enviarán a muchísimas mujeres que siguen siendo coartadas por la desigualdad. Y aunque, décadas de presionar por distintos medios y formas para una mayor participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones en la vida pública han dado sus frutos, en términos generales, se requiere seguir trabajando para lograr la igualdad de oportunidades para todas y todos en todo el país.
Hay casos de éxito internacionales que nos ejemplifican la importancia de contar con políticas públicas con perspectiva de género, países dirigidos durante la pandemia de COVID-19 por mandatarias y gabinetes como los de Nueva Zelanda, Islandia, Alemania, y Dinamarca dan prueba de ello al ser reconocidos por iniciativas que han resultado efectivas en el manejo de esta crisis, lo que termina siendo significativo si tomamos en cuenta que son muy pocas naciones en el mundo las que son lideradas por una mujer.
Y, ¿qué caracteriza a estos gobiernos y sus líderes? Simplemente la efectiva implementación de políticas públicas con perspectiva de género, donde las mujeres pueden desarrollar su capacidad profesional sin ser mermadas, coaccionadas o minimizado su conocimiento, liderazgo y firmeza.
Para poner más en contexto daremos precisión a cifras que muestran el papel que están tomando estas mujeres en el mapa mundial. El informe Women in Politics 2012 (producido por ONU-Mujeres junto con la Unión Interparlamentaria) trazó el avance de la participación política de las mujeres en todo el mundo y mostró que la cantidad de jefas de estado electas se había incrementado de ocho en 2005 a 17 en 2012, con un incremento en la cantidad de ministras del 14,2 por ciento en 2005 al 16,7 por ciento en 2012. Mientras que en los países escandinavos tienen el mayor porcentaje de ministras: un 48,4 por ciento, seguidos por las Américas en un 21,4 por ciento y África Subsahariana en un 20,4 por ciento.
No obstante, aunque sean cifras alentadoras para quienes seguimos en la lucha de un mayor posicionamiento de la mujer en estos espacios, según la Unión Interparlamentaria (UIP), incluso si la tasa de crecimiento mejorada del 2013 del promedio mundial de mujeres miembros del parlamento (1,5 por ciento) continúa, se necesitarán al menos 20 años más antes de alcanzar la paridad de género.
Por lo tanto, no tenemos tiempo que perder en las acciones que sean beneficiosas para atender esta problemática. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo integra entre sus recomendaciones clave para lograr la igualdad de género en la administración pública, acciones concretas para lograr mejores vínculos entre la participación igualitaria y el liderazgo de las mujeres en la administración pública con el programa más amplio de igualdad entre los géneros.
Nuestro punto de atención debe centrarse en qué tanto se acatan estas intercesiones de las Naciones Unidas en nuestra nación y trabajar por situar el tema en la agenda pública. Estas recomendaciones las dividen en cinco puntos que en su conjunto tienen el objetivo principal de aprovechar importantes sinergias al vincular la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la administración pública con esfuerzos más amplios hacia la igualdad de género en la sociedad.
Visto como un compromiso y esfuerzo que debe tener el país, las miras para lograr y mantener resultados dentro de la administración pública, requiere crear conciencia de la importancia de la participación y la toma de decisiones igualitarias de las mujeres en la administración pública; entre toda una serie de partes interesadas fuera de la administración pública, incluidos legisladores, el poder judicial, organizaciones de la sociedad civil, grupos de mujeres, organizaciones religiosas, el sector privado, la juventud (hombres y mujeres) y la sociedad en general.
Al comprobar la necesidad de replantearnos el trabajo que se ha hecho en el tema, es importante mencionar que son fundamentales los enfoques abarcadores y una mayor coordinación de esfuerzos entre cada uno de los actores y actrices anteriormente mencionados.
Si analizamos el tema desde cualquier perspectiva, ya sea como una cuestión de principios, sabemos que apoyar la igualdad de género es lo correcto. Esto debe ser para nosotros, en el papel de ciudadanos y ciudadanas, motivo suficiente. Pero, como bien lo dice la Directora Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde -que, además, es una de las mujeres que han puesto el ejemplo como se menciona arriba- también existen muchas investigaciones que muestran que el equilibrio de géneros es pieza realmente importante para la efectividad del avance integral de una nación y con gran peso en las economías.
Por lo tanto, sin importar en qué aspecto se centre la investigación, ya sea participación económica de las mujeres, toma de riesgos en negocios, manejo de crisis, espacios importantes para la toma de decisiones, liderazgo político, etc.; los hallazgos arriban a lo mismo, porque al final de cuentas, todos los sectores salen ganando si avanzamos en el tema y salen perdiendo si nos quedamos donde mismo o se genera un retroceso debido a la situación actual de crisis en el mundo.
Con los enormes y evidentes retos de igualdad de género, debemos reconocer que tenemos mucha tarea en la difusión y discusión del tema para seguir poniendo sobre la mesa la necesidad de atender la implementación de políticas públicas con perspectiva de género en la administración pública.
Lo anterior nos corresponde a todos, primero como ciudadanos y ciudadanas y posteriormente como servidores públicos e interesados en el tema; está comprobado que estos logros se alcanzan más rápido y con más fuerza cuando se suman con compromiso y empatía cada uno de los involucrados y que, con la voluntad del gobierno y la esfera pública sumándole la situación actual en general, podremos seguir constantemente celebrando los múltiples avances que una mujer puede generar en la administración pública.
Distinguida con el Premio al Mérito Juvenil del Congreso del Estado de Sinaloa y condecorada con la medalla Rafael Buelna Tenorio, otorgada por el Gobierno del Estado, por ser ejemplo juvenil en trabajo comunitario a la mujer y su labor cívico-social.
Es especialista en campañas de tierra, fue coordinadora de campañas políticas a nivel Federal y Local, así como fundadora de asociaciones civiles con y sin fines políticos. Actualmente por medio del Centro de Apoyo Popular A.C. realiza actividades para el desarrollo de la comunidad.
Se ha desempeñado en cargos de representación popular, como Regidora del Municipio de Culiacán, Diputada Local en el Congreso del Estado de Sinaloa y Diputada Federal por el Partido Revolucionario Institucional, encabezando los trabajos legislativos en materia de participación ciudadana, nutrición infantil, medio ambiente, entre otros.
Es presidenta del Instituto de Capacitación Política Jesús Reyes Heroles A.C. desde el 2017 donde ha impulsado la participación activa de los jóvenes en la política y la capacitación como prioridad de la militancia priísta y público en general, vinculando a expertos internacionales con temas de interés social.
Actualmente se desempeña como Titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana, instancia gubernamental que tiene como objetivo instrumentar acciones que fomenten la participación ciudadana generando programas de prevención de la violencia y delincuencia para la construcción de ambientes comunitarios y escolares de paz.
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